La preocupación por el patrimonio arquitectónico industrial en España es relativamente reciente. Sólo a partir de 1985, con la promulgación de la Ley de Patrimonio Histórico Español, se comenzó a superar la tradicional concepción protectora vinculada sólo al arte, para incorporar una nueva perspectiva que facilitó que el patrimonio industrial pudiera protegerse empleando no sólo criterios artísticos sino también etnográficos, científicos o técnicos.
Tradicionalmente, los bienes industriales se han tenido que enfrentar, para evitar su desaparición, a tres grandes amenazas relacionadas no tanto con sus cualidades sino con su aceptación social, que es la que en realidad los convierte -o no- en recursos a conservar. En primer lugar, a una singular memoria social que identificaba la fábrica con experiencias negativas para los mismos mal pagados obreros, así como el trabajo manual, la contaminación, los accidentes laborales o la muerte. En segundo lugar, la conservación y reutilización del patrimonio arquitectónico industrial sucumbió ante el criterio utilitarista que da lugar a que las construcciones no destaquen precisamente por su calidad arquitectónica o estética; y por esta razón y en contraste con otros patrimonios más ricos y con más vinculación con la cultura dominante en la tradición occidental, como el religioso, siempre ocupó un lugar marginal. Finalmente, se enfrenta al gran problema, y es que es muy costosa la transformación de una gran fábrica para otros usos, el suelo que ocupa tiene un valor directamente proporcional al grado de abandono e inversamente proporcional a los compromisos protectores que presenta.
En este contexto, el desdén institucional, el desinterés académico, la falta de coordinación entre los gobiernos locales y regionales y la voracidad de la promoción inmobiliaria siempre ha encontrado el camino para eliminar, casi sin oposición legal o social, una parte sustancial de la frágil memoria del pasado fabril de las ciudades.
La idea de que las viejas fábricas puedan tener valor como contenedor y como expresión de la memoria del trabajo y del lugar toma cuerpo a partir de la reconversión industrial, que implicó el cierre masivo de empresas y el abandono de grandes instalaciones fabriles. Esta desindustrialización tuvo como efecto en el paisaje la proliferación de ruinas industriales, poblados obreros degradados y un cúmulo de factores negativos que despertaron la sensibilidad de ciertos sectores sociales que comenzaron a verla, no como una ruina, sino como recurso cultural y testimonio de la memoria.
Fruto de esta creciente preocupación, en 2001, el Instituto de Patrimonio Histórico Español puso en marcha el primer Plan Nacional de Patrimonio Industrial, de ámbito estatal, que comienza a permitir dar el salto de la protección legal a la recuperación real, asegurando la conservación y reutilización de un patrimonio que puede actuar como un importante factor de desarrollo territorial, tanto en el aspecto cultural como económico. [1]
Pero fue la ley andaluza de Patrimonio Histórico la primera en dedicar uno de sus títulos al patrimonio industrial, que define como "integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería (...) en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de Andalucía".
La UNESCO reconoce que "los sitios industriales constituyen un importante hito en la historia de la humanidad, que marcan el doble poder del género humano de crear y destruir, lo que engendra progreso y retroceso, incorporando la esperanza de una vida mejor a través del dominio de la técnica."
El Consejo de Europa centra su actividad en un marco teórico, a través de la elaboración de normas, recomendaciones, metodologías de trabajo y códigos de buenas prácticas, encaminados a la identificación, protección, conservación y difusión del Patrimonio. En este contexto, y consciente de los cambios que se han operado en Europa como consecuencia de los avances tecnológicos desarrollados en las últimas décadas, toma conciencia de la necesidad de prestar atención al patrimonio industrial que, por su especificidad, presenta características particulares.
Nerja tiene un amplio número de bienes industriales que, por su variedad en el tiempo, constituyen uno de los paisajes fabriles más excepcionales de Andalucía. Quizás estemos ya ante la última oportunidad para defender nuestro legado industrial, antes de que el deterioro y la presión urbanística acaben con él.
Dori Castillo
Tradicionalmente, los bienes industriales se han tenido que enfrentar, para evitar su desaparición, a tres grandes amenazas relacionadas no tanto con sus cualidades sino con su aceptación social, que es la que en realidad los convierte -o no- en recursos a conservar. En primer lugar, a una singular memoria social que identificaba la fábrica con experiencias negativas para los mismos mal pagados obreros, así como el trabajo manual, la contaminación, los accidentes laborales o la muerte. En segundo lugar, la conservación y reutilización del patrimonio arquitectónico industrial sucumbió ante el criterio utilitarista que da lugar a que las construcciones no destaquen precisamente por su calidad arquitectónica o estética; y por esta razón y en contraste con otros patrimonios más ricos y con más vinculación con la cultura dominante en la tradición occidental, como el religioso, siempre ocupó un lugar marginal. Finalmente, se enfrenta al gran problema, y es que es muy costosa la transformación de una gran fábrica para otros usos, el suelo que ocupa tiene un valor directamente proporcional al grado de abandono e inversamente proporcional a los compromisos protectores que presenta.
En este contexto, el desdén institucional, el desinterés académico, la falta de coordinación entre los gobiernos locales y regionales y la voracidad de la promoción inmobiliaria siempre ha encontrado el camino para eliminar, casi sin oposición legal o social, una parte sustancial de la frágil memoria del pasado fabril de las ciudades.
La idea de que las viejas fábricas puedan tener valor como contenedor y como expresión de la memoria del trabajo y del lugar toma cuerpo a partir de la reconversión industrial, que implicó el cierre masivo de empresas y el abandono de grandes instalaciones fabriles. Esta desindustrialización tuvo como efecto en el paisaje la proliferación de ruinas industriales, poblados obreros degradados y un cúmulo de factores negativos que despertaron la sensibilidad de ciertos sectores sociales que comenzaron a verla, no como una ruina, sino como recurso cultural y testimonio de la memoria.
Fruto de esta creciente preocupación, en 2001, el Instituto de Patrimonio Histórico Español puso en marcha el primer Plan Nacional de Patrimonio Industrial, de ámbito estatal, que comienza a permitir dar el salto de la protección legal a la recuperación real, asegurando la conservación y reutilización de un patrimonio que puede actuar como un importante factor de desarrollo territorial, tanto en el aspecto cultural como económico. [1]
Pero fue la ley andaluza de Patrimonio Histórico la primera en dedicar uno de sus títulos al patrimonio industrial, que define como "integrado por el conjunto de bienes vinculados a la actividad productiva, tecnológica, fabril y de la ingeniería (...) en cuanto son exponentes de la historia social, técnica y económica de Andalucía".
La UNESCO reconoce que "los sitios industriales constituyen un importante hito en la historia de la humanidad, que marcan el doble poder del género humano de crear y destruir, lo que engendra progreso y retroceso, incorporando la esperanza de una vida mejor a través del dominio de la técnica."
El Consejo de Europa centra su actividad en un marco teórico, a través de la elaboración de normas, recomendaciones, metodologías de trabajo y códigos de buenas prácticas, encaminados a la identificación, protección, conservación y difusión del Patrimonio. En este contexto, y consciente de los cambios que se han operado en Europa como consecuencia de los avances tecnológicos desarrollados en las últimas décadas, toma conciencia de la necesidad de prestar atención al patrimonio industrial que, por su especificidad, presenta características particulares.
Nerja tiene un amplio número de bienes industriales que, por su variedad en el tiempo, constituyen uno de los paisajes fabriles más excepcionales de Andalucía. Quizás estemos ya ante la última oportunidad para defender nuestro legado industrial, antes de que el deterioro y la presión urbanística acaben con él.
Dori Castillo
